La decisió del govern de convertir en voluntàries les quotes que totes les empreses tenien que pagar fins ara de forma obligatòria per a finançar les cambres de comerç, ha posat en situació d'escac i mat a unes corporacions de dret públic centenàries, que s'hauran de reinventar per a subsistir i seguir contribuint al desenvolupament econòmic.
Jaque a las cámaras
Jordi Cuenca, València (Levante-emv)
Es pronto todavía para saber a ciencia cierta qué será de las cámaras de comercio españolas dentro de dos o tres años, pero a buen seguro el horizonte que se verá entonces tendrá poco que ver con el que se oteaba el pasado 1 de diciembre, poco antes de que el Gobierno informara de que, entre las medidas anticrisis que el Consejo de Ministros aprobaría el viernes siguiente, se encontraba la conversión en voluntarias de las cuotas que las empresas pagaban, hasta aquel momento de forma obligatoria, para inanciar el funcionamiento de estas corporaciones de derecho público. Mientras los dirigentes camerales se sumían en un estupor mayúsculo, la satisfacción se extendía de manera general entre los empresarios, tanto grandes como pequeños, que nunca acogieron con agrado esa obligación y que llevaban años buscando un resquicio para acabar con ella. En el sector dirigen el dedo acusador a las grandes empresas, 37 de las cuales se reunieron el 27 de noviembre con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Sea cierto o no que la medida surgió de aquel encuentro, lo irremediable es que hay un decreto que establece que las pymes dejarán de pagar ya y las grandes lo harán un año más tarde. Falta saber si ese ya significa que no abonarán las cuotas de 2010, con las que las cámaras confeccionarán sus presupuestos de 2012. Si el Gobierno conirma que la respuesta es no, los problemas económicos para estas corporaciones serán una realidad a partir de 2013, dado que sus presupuestos se confeccionan en función de las cuotas correspondientes a dos ejercicios anteriores. ¿Quién paga? Sólo las firmas que tienen beneicios o, en puridad, sólo las que tienen una cuota líquida positiva en el Impuesto de Sociedades. Estamos hablando en toda España de 250 millones de euros. La Cámara de Valencia asegura que el 53% de las empresas tiene cuota cero y que el grueso de sus ingresos por este concepto (un 58,6% de un total de 11,5 millones de euros) lo abonan 2.506 empresas, aquellas que pagan más de 600 euros. Como ha explicado su presidente, José Vicente Morata, quien sólo lleva seis meses en el cargo, la supresión del llamado recurso cameral permanente va a perjudicar sobre todo a las pymes, dado que son las destinatarias principales de los servicios que prestan estas corporaciones. Se trata de una especie de fondo de compensación, que ahora va a desaparecer porque resulta difícil creer que habrá alguien que pague voluntariamente. Y mucho menos en estos tiempos.
Por tanto, a las cámaras no les va a quedar otro remedio que reinventarse y, seguramente, como explicó Morata, orientar su forma de trabajar hacia el cliente, en el sentido de ser capaz de ofrecer servicios lo suficientemente atractivos como para que las empresas estén dispuestos a pagar por contratarlos. Aunque no todas van a poder sobrevivir. Si la crisis se ha llevado por delante el atomizado mapa financiero, el de las Cámaras, tras la citada decisión, tampoco será el mismo. Y es que en España hay 89 entidades de estas características, algunas ubicadas en poblaciones de apenas 20.000 habitantes como la gerundense Sant Feliu de Guíxols. En la Comunitat Valenciana son cinco: dos de ámbito provincial (Valencia y Castelló) y otras tres en Alicante: la de la propia ciudad y las de Alcoi y Orihuela. Las dos últimas tienen un futuro complicado, especialmente si tenemos en cuenta que el presidente de la de Castelló, Salvador Martí Huguet, en su primera reacción al decreto, dejó caer la posibilidad de que su cámara tenga que echar el cierre.
Recortes
Y es que las cuotas, al menos en la Cámara de Valencia, representan el 60% de los ingresos totales y, si este dinero, como parece, se va a esfumar, habrá que aumentar la facturación por la prestación de servicios o los convenios con las administraciones públicas para mantener la viabilidad. En caso contrario, los recortes de personal van a estar a la orden del día —la corporación valenciana tiene una plantilla de 138 trabajadores— y pueden darse cierres o, quien sabe, fusiones, sobre todo en el ámbito provincial.
La cuestión, como apuntaba un conocedor de este sector, es que el Gobierno ha mantenido todas las obligaciones que contempla la ley para las Cámaras, pero les ha suprimido de un plumazo la mayor parte de la inanciación para ponerlas en la práctica. Un mal negocio para unas instituciones que la legislación vigente considera corporaciones de derecho público, con un carácter semifuncionarial para sus empleados. Las Cámaras son entidades de muy larga trayectoria. Hay quien sitúa su origen en Mesopotamia, con la existencia de una oficina palaciega que defendía y promovía los derechos de los comerciantes, y otros en el Imperio Romano, si bien lo cierto es que hasta 1599, en la ciudad francesa de Marsella no aparece el nombre Cámara de Comercio. Aunque desde entonces se fueron extendiendo por toda Europa, la eclosión de estas instituciones en España hay que situarla en las postrimerías del siglo XIX. Como apunta Xavier Ribera, ex empleado en la Cámara de Valencia y conocedor de la historia de estas instituciones, los antecedentes de las mismas hay que buscarlos en los viejos gremios, desaparecidos con la Constitución de Cádiz, y las juntas de comercio, que regulaban el tráico portuario y el comercio internacional. Es un contexto en el que el Gobierno de la época de la Restauración aprueba la ley de asociaciones y los sindicatos y se ve en la necesidad de dar carta de naturaleza a alguna entidad que representara al ámbito empresarial. Ahí surgieron las cámaras de comercio, industria y navegación. La de Valencia, por ejemplo, se constituyó en 1886. En aquel momento eran asociaciones de carácter voluntario, que nacían con el propósito de colaborar e impulsar el desarrollo económico. Poco tiempo después, en 1911, se aprueba un texto, la ley de bases, que será trascendental en el devenir de estas instituciones, porque es el que instaura la obligatoriedad de ailiación y pago de cuotas para todas las empresas.
El recurso de la Ford
Precisamente es entonces cuando, como recuerda Ribera, empiezan a surgir las organizaciones empresariales que hoy conocemos como patronales, caracterizadas precisamente por la libertad de ailiación y que, en muchos momentos, fueron un auténtico enemigo, pese a que siempre tuvieron el control de los órganos de gobierno camerales. El momento más trascendental de esta pelea se produce tras la aprobación de la Constitución de 1978. La multinacional Ford, con sede en Almussafes desde 1974, pero reacia a formar parte de organizaciones locales en los países en que se ubica, aprovecha el cambio legal para presentar un recurso contra la ley de cámaras de 1911 al entender que éste era un texto preconstitucional y que no debía aplicársele. La firma, la mayor contribuyente de la corporación valenciana, empieza a dejar de pagar las cuotas, decisión a la que luego se sumarían otras irmas muy reconocidas como Lladró o Mercadona.
El terremoto se produce cuando el Tribunal Constitucional (TC) da la razón a la empresa estadounidense, lo que obliga al Gobierno de Felipe González a elaborar una nueva ley que consagre, ya en período democrático, las mismas condiciones que la de 1911. El encargado de impulsarla en 1993 fue el entonces ministro de Industria, Comercio y Turismo y actual presidente del Consejo Superior de Cámaras, Javier Gómez-Navarro. Pero el nuevo texto también fue recurrido, en este caso por la obligatoriedad de ailiación. En esta ocasión, la patronal CEOE presidida por José María Cuevas fue muy activa en la oposición a las cuotas. Creía que la nueva ley también sería tumbada y asesoraba a las empresas para que recurrieran. Sin embargo, en 1996, el TC puso final a tanta controversia, admitió la nueva legislación y luego el Supremo decretó que los empresas que recurrieron el pago de cuotas no debían abonarlas. Los gestores camerales de entonces debieron negociar mucho para restablecer los patrimonios de sus respectivas organizaciones, pero el futuro parecía garantizado... Hasta la decisión del 1 de diciembre.
En estos años de prosperidad, las cámaras han vivido digamos que e una doble identidad fruto de su propia naturaleza. Su independencia en los últimos años se ha puesto en duda por el simple hecho de que son organismos consultivos de las administraciones y han aprovechado esa coyuntura para lograr de las mismas la cesión o prestación, mediante convenios, de algunos servicios que les han permitido, junto con los cursos de formación para empresarios, lograr ingresos adicionales a las cuotas. Pero, claro, ello las ha obligado a mantener una actitud escasamente reivindicativa, que, de todas formas, está más en el papel de las patronales. Paralelamente, han desarrollado una intensa labor en la prestación de servicios de todo tipo desde la promoción a la internacionalización —el fomento de la exportación ha sido una de sus características fundacionales—, el apoyo a emprendedores y la innovación o las ventanillas únicas para la creación de empresas.
Implicación local
Pero no sólo eso porque su implicación en las economías regionales o locales es clave. Muchas de ellas, como la de Valencia, aunque no aporte inanciación, son copropietarias de las instituciones feriales; otras participan económicamente en convenios que facilitan la presencia de firmas aéreas de bajo coste en sus aeropuertos, como las de Girona o Reus; las ubicadas en el litoral tienen un peso relevante en sus puertos; la bonanza económica les permite, a diferencia de las patronales, aportar dinero para realizar estudios estratégicos y lanzar campañas de desarrollo del territorio, como en estos momentos sucede con el corredor mediterráneo de mercancías... Toda esa historia y todo ese presente están ahora en jaque. Si las empresas no pagan, las cámaras deberán buscar fórmulas de financiación que la siga haciendo útiles.
CÁMARA VALENCIA: Testigo y actor indispensable
La Cámara de Comercio de Valencia, la tercera con mayor poderío de España tras las de Madrid y Barcelona, fue creada en 1886 y ha sido un testigo y actor indispensable en la vida económica de la Comunitat Valenciana en estos cerca ya de 125 años de existencia. Como cuenta Xavier Ribera en el capítulo dedicado a la institución en el volumen colectivo «De la Exposición Regional a la Copa del América», además del evento de muestras de 1909, en el que participó activamente, el sello de la Cámara de Valencia está en una gran cantidad de iniciativas hechas realidad en estos años. La constitución en 1917 de la actual Feria Valencia o, a principios de los años ochenta, de la Bolsa de Valencia, no se entienden sin el concurso de la institución. En los años veinte, cuando la presidía Ignacio Villalonga, promovió también la creación del Centro de Estudios Económicos. Tal vez incluso más relevante fue la constitución en 1969 del Instituto de Promoción Industrial, entre cuyos logros el autor menciona la implantación de la IV Planta Siderúrgica de Sagunt o el establecimiento de Ford España en Almussafes. La Cámara de Valencia también estuvo detrás de organismos como el Impiva o Procova, que luego dio lugar al Ivex, y, como también recuerda Ribera, ya en 1989 elaboró el primer estudio sobre el AVE. Eran los tiempos en que se proyectaba la línea entre Sevilla y Madrid por la Exposición Universal de 1992 y la corporación valenciana defendía que la prioridad debía ser el corredor mediterráneo, entonces, del tren de alta velocidad, y ahora, el de mercancías.
